Si hace poco eran los expedientes abiertos con amenaza de multas millonarias a las petroleras en nuestro país, por lo que se consideraba, indicios claros de manipulación de precios y condiciones comerciales, ahora conocemos que la Comisión Nacional de la Competencia, impone una multa millonaria por encima de los 35 millones de euros a las empresas (y dos asociaciones) del sector del alquiler de coches.
Estas multas que engloban como decíamos a 17 empresas y dos asociaciones del sector, nacen de los expedientes abiertos en enero del pasado año y originados por inspecciones en las sedes de estas compañías y asociaciones entre los años 2011 y comienzos de 2012; investigaciones que acabaron determinando que las citadas empresas y asociaciones habían alcanzado acuerdos para la fijación de precios y condiciones comerciales, que podrían entrar dentro de la definición de cártel ya que el objetivo de las reuniones y encuentros entre las diversas empresas mantenidas desde el año 2005, se buscaba fijar precios y condiciones comerciales determinadas, acuerdos que se reflejaron más en algunas comunidades autónomas que en otras, concretamente en Cataluña, Valencia, Andalucía Y Baleares según indica la CNC.
En estas acciones no sólo se pactaba los precios incluyendo mantenimiento en periodos delimitados, sino que se planteaban políticas comunes comerciales en relación a los comités vecinales de temporadas, y sobre los extras y recargos directos en las tarifas; añade el organismo regulador que las empresas eran conscientes de lo ilícito de los acuerdos, ya que planteaban un sistema para evitar el control de la autoridad de competencia y diseñaron un mecanismo de vigilancia de la ejecución de los acuerdos.
De todas las compañías incluidas dentro de esta multa, una de ellas se ha acogido a la exención del pago de multa a partir del llamado programa de clemencia, que beneficia a las empresas que hayan aportado pruebas o elementos de prueba que intervengan en la detección de las irregularidades; obviando el caso de que estas irregularidades hubieran sido instigadas por la propia empresa que entregar las pruebas.
Imagen: openicons pixabay.com
