Tal y como avanzó Zapatero en el Debate sobre el Estado de la Nación el Gobierno aprobó varias medidas de ayuda a los hipotecados que en teoría deberían servir para aliviar la situación de las familias más necesitadas. De forma resumida las medidas de protección adoptadas son las siguientes:
- Incremento del límite de embargo o mínimo de inembargabilidad: aumenta la cantidad que el banco no puede embargar del salario del hipotecado en un 50% por encima del salario mínimo interprofesional de forma que pasa de 641 a 961 euros. A esto hay que añadir un 30% por cada miembro familiar a cargo sin ingresos hasta un máximo de 1.350 euros. Es decir, que en caso de impago, el banco no podrá reclamar los ingresos del deudor que no superen esas cantidades.
- Incremento del precio mínimo en caso de subasta: en caso de subasta del inmueble embargado el valor mínimo que habrá que pagar por él será del 60% en lugar del 50%. Además, se reduce del30 al 20% el depósito previo necesario para participar en una subasta.
- Incentivar las hipotecas de responsabilidad limitada: se trata de una figura prácticamente desconocida en España y que en cierto sentido sustituiría a la dación de pago. Este tipo de hipotecas permiten al titular reducir su responsabilidad para con la entidad financiera en caso de impago. Todavía no se han articulado las fórmulas a través de las que se incentivarán estas hipotecas, pero podrían pasar por beneficios fiscales adicionales.
Además, desde el Parlamento también se realizarán más estudios sobre las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios como la famosa cláusula de suelo o los swaps. Ahora la pregunta del millón es ¿Son suficientes estas medidas? ¿Se está tomando la dirección adecuada? Lo cierto es que se trata de movimientos en la dirección correcta, como apunta Pau Monserrat en Dinero Experto, pero que en cualquier caso siguen sin atacar la raíz del problema ni de definir el marco regulatorio que se quiere para el mercado hipotecario.
En cierto sentido, se trata de medidas más populistas que efectivas y que tampoco han convencido a «los indignados», por poner el mejor ejemplo de movimiento popular. Lo que debe dedicirse es el modelo hipotecario y de préstamos que se busca y la responsabilidad de cada una de las partes a la hora de firmar un préstamo. Y es que ahora mismo al elevar el mínimo inembargable en el caso de las hipotecas simplemente se está rebalanceando el grado de responsabilidad entre hipotecado y entidad financiera a favor del primero, algo hasta cierto punto lógico.
Sin embargo, esta medida no impedirá que se sigan ejecutando hipotecas por falta de pago, sólo conseguirá que quienes hayan perdido su casa (en muchos casos por firmar hipotecas por encima de sus posibilidades) puedan vivir de forma más holgada pese a seguir debiendo dinero al banco. Lo que debería debatirse es si queremos un modelo ‘a la americana’ donde la casa salda la deuda hipotecaria y el peso de la deuda cae sobre el banco o mantener nuestro modelo en el que tanto hipotecado como banco se hacen responsables del crédito. Y es que por mucho que los deshauciados se quejen, fueron ellos quienes firmaron en muchos casos hipotecas inasumibles para sus economías o en un momento de mercado inadecuado y como es lógico deben asumir las consecuencias. Y por parte del banco, tampoco está mal que asuman su responsabilidad por haber concedido préstamos a quienes no debían o en condiciones que no debían y las medidas aprobadas, especialmente la que tiene que ver con subir el precio mínimo en subasta (que podría ser deseable subir incluso más) lo notarán en su balances.
