A través del Real Decreto publicado el sábado pasado, el Gobierno ha otorgado amplios poderes de intervención al Banco de España en el caso en que una entidad caiga momentáneamente por debajo del 10% o del 8%, según el caso.
Mediante esta medida se exige a las entidades una ratio de capital de la máxima calidad (capital core) de, al menos, un 8%.
Por otra parte la ratio de capital core exigida será del 10% para aquellas entidades de crédito que reúnan las dos condiciones siguientes:
- Tengan un coeficiente de financiación mayorista superior al 20%
- No hayan colocado títulos representativos de su capital social o derechos de voto por, al menos, un porcentaje igual o superior al 20% del mismo a terceros
La entidad presidida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez podrá tomar cartas en el asunto cuando los ratios de rentabilidad se mantengan por debajo de los parámetros fijados por un periodo superior a seis meses.
Entre las medidas que el interventor podrá tomar se incluyen aquellas que afectan el:
• Pago de dividendos
• Sueldo variable de los directivos
• Retribución de las participaciones preferentes
• Recompra de Acciones
• Obra Social de la Caja de Ahorro.
Es por ello que si usted es uno de los miles de inversores que han comprado participaciones preferentes en el año 2009, cuando las entidades han lanzado al mercado un alud de títulos con el objetivo de mejorar sus ratios de solvencia, esta medida puede afectar su futura percepción de rendimientos.
Según las estimaciones efectuadas, esta medida pondrá en riego el cobro de 30.000 millones de euros en participaciones preferentes emitidas por bancos y cajas españolas.
Hasta el momento, las condiciones de emisión suponían únicamente dos hipótesis de impago. En primer lugar, las participaciones preferentes no eran objeto de pago de rendimiento cuando la entidad hubiera registrado pérdidas en su ejercicio fiscal anterior. En segundo lugar cuando la entidad dispusiera de recursos propios insuficientes, para hacer frente a estos pagos. Sin embargo, a partir de ahora, esta situación cambió sustancialmente, ya que cualquier pequeño desliz por parte de la administración de las entidades emisoras perjudicará a los particulares que han acudido al rescate en 2009.
Pero no sólo las participaciones preferentes están en peligro después de las nuevas medidas, sino que los dividendos también se verán afectados, si la entidad no logra mantener el nivel impuesto.
De esta forma, el Banco de España podrá intervenir en la política de gestión de las entidades bajo vigilancia y que cuadren en los supuestos contemplado en la norma, de forma de restringir los dividendos y los pagos de las preferentes, en pos de la mejora del ratio de solvencia.
Una medida que fue tomada con el objeto de reforza la solvencia del sistema financiero español y permitir completar el proceso de reestructuración y saneamiento del sector, el cual ha sido puesto en la mira desde el segundo episodio de la crisis de deuda soberana, hoy por hoy pone en duda la percepción de los rendimientos correspondientes.