La bancarrota de Lehman Brothers ha servido para sacar a la luz uno de los problemas del sistema financiero y sobre todo del mercado de derivados. La exposición de de la banca española a esta quiebra no se limita a los fondos de inversión implicados, sino que alcanza también a los productos estructurados, donde el impacto podría ascender hasta los 3.000 millones. Quienes hayan invertido en estos productos pueden ir preparándose para una larga batalla si quieren recuperar todo su dinero.En primer lugar, hay que aclarar que los inversores puede haber adquirido estos bonos mediante su compra directa en el mercado, a través de un fondo de inversión o mediante un producto estructurado. Cada una de estas fórmulas de compra implica diferentes reclamaciones. La más sencilla es la primera, en la que se reclama directamente a Lehman Brothers. En este supuesto los bonistas son los sigueintes en cobrar tras los acreedores (los últimos son los accionistas) y según el precio de los bonos de Lehman podrían cobrar entre un 30% y un 60% de lo invertido. Todo depende de si finalmente la entidad se ve obligada a optar por la liquidación.
Sin embargo, quienes invirtieron a través de fondos de inversión y de productos estructurados también pueden optar, y de hecho es lo más lógico, por reclamar contra los bancos que distribuyeron estos productos. En España Bankinter (a través de su Bono Fortaleza) es uno de los más afectados junto con Banif.
Como apuntan desde Gurusblog, la decisión final del cliente dependerá en gran medida de quien figure garante del producto estructurado. Las dos opciones son: Lehman Brothers (también emisor generalmente) o el distribuidor, es decir, la entidad a través de la cual contratamos el producto. En el último caso, es muy probable que el cliente recupere su dinero, puesto que deberá reclamar directamente a quien le vendió el producto. El problema es que en la mayoría de los casos no es así y el propio Lehman figura como garante (quien debe garantizar el cobro). En este supuesto siempre se puede ir contra la entidad que comercializó el depósito, para lo que incluso se han creado algunas plataformas de afectados como el Blog de afectados por Banif-Lehman o Unidos para que Banif responda.
Pero no está del todo claro que las distribuidoras vayan a responder por las pérdidas de los inversores particulares. En el fondo se plantea un problema legal, ya que desde un punto de vista moral la obligación de quien comercializa estos productos es más que evidente. Así, al final parece que todo dependerá del perfil de cada clientes. Los institucionales y otros clientes cualificados pueden encontrarse con más impedimentos e incluso quedarse sin cobrar.
Por otro lado, aquellos clientes con un perfil bajo de riesgo (más en línea con el ahorrador normal) podrían alegar una mala información por parte del banco y aumentar así sus posibilidades de cobro ante el distribuidor. Hay que tener en cuenta que un inversor medio, que cuente con un historial de inversiones exentas de riesgo, difícilmente cuenta con la información para decantarse por un producto estructurado. Así, estos inversores muchas veces contratan estos productos siguiendo las recomendaciones de los asesores y distribuidores, pero no todo es tan sencillo. Las entidades se escudan en el conocimiento e información que recibe el inversor y por eso hay que reunir todos estos dados.
Un arma importante es el folleto comercial que utiliza el banco para vender el producto y en el que rara vez se menciona ni siquiera a Lehman Brothers. De hecho, suele parecer que se trata de un producto perteneciente al banco, sobre todo para los clientes con menores conocimientos financieros.
De todas formas, los primeros pasos que debe seguir un inversor afectado son los siguientes:
- Contactar con el banco distribuidor (donde contrató el producto) en busca devoluciones. Si esta no le satisface deberá reclamar por escrito y exigir una respuesta también por escrito (esta es la mejor fórmula para tener constancia de estos pasos).
- Proceder a realizar una reclamación formal ante la CNMV o el Banco de España, dependiendo de quien sea el regulador del producto.
Lo ideal es contar con el asesoramiento de un abogado durante todo el proceso, pero para quienes no puedan o quieran pagarlo, las agrupaciones de afectados antes mencionadas pueden ser un buen lugar para reunir información y sobre todo reducir costes en esta aventura por recuperar su dinero.
Exelente bien redactado claro y preciso
Felicitaciones
Ojala fueran asi de claros los que venden estos productos basura
Gracias por la informacion