La Ley de Morosidad, entrada en vigencia en el año 2010, es una ley que acorta los pagos que deben realizarse entre empresas y proveedores y entre clientes y sus correspondientes acreedores.
En este sentido, las empresas poseen hasta 60 días para pagarle lo que corresponde a sus proveedores, mientras que las administraciones públicas tienen hasta 30 días para hacer lo suyo.
Créditos para deudas.
La normativa, emitida el 7 de julio de 2010 y vigente hasta 2013, permite a los ayuntamientos y dependencias oficiales acceder a una línea de crédito otorgada por el Instituto de Crédito Oficial, la cual está pensada para que estos puedan pagar sus deudas con empresas y autónomos, reduciendo así las penalizaciones por intereses y devolviéndole dinero al Estado a menores tasas y con condiciones más favorables para su economía local.
En este sentido, las empresas tampoco pueden negociar plazos superiores con sus proveedores de más de 85 días en 2011, 75 días en 2012 y 60 días a partir del 2013, para realizar sus pagos. Las administraciones públicas tienen aún un tiempo menor. 50 días para el pasado 2010, 50 días para el actual año, 45 días máximos para el 2012 y 30 días de tope a partir del 1ero de enero de 2013.
Publicaciones de pago.
Las empresas deberán hacerse cargo de publicar, a través de sus memorias de cuentas anuales, cuándo se realizarán los pagos pertinentes para cada proveedor en particular, para que los mismos tengan noción de cuándo se les abonarán sus facturas pendientes.
Indemnizaciones a acreedores
La ley de Morosidad también ayuda a los acreedores privados. A partir de esta normativa, los acreedores tienen derecho a reclamar indemnizaciones por costes de cobro vía reclamación judicial o financiera, fijando un límite del 15% para las deudas que sean mayores a los 30.000€.
Lo que busca esta norma es reducir la deuda que la Administración Pública posee con proveedores, empresas y distintos acreedores, la cual alcanza los 40 millones de euros para el 2011. Además, se sigue el modelo de otros países de Europa, como Francia y Alemania, donde la presente ley ya se ha puesto en vigor.
La Ley, dos años despues, tiene sus trampas
Hasta aquí, todo muy bonito. Pero leyendo un poco más y hablando con algunas PyMEs, se estñan descubriendo trampas que realizan algunos ayuntamientos y grandes empresas para evadir las obligaciones de esta ley. Una de ellas es en el caso de locaciones de servicios, que requieren de un certificado de «final de obra» o «finalizacion del servicio». En estos casos, se dilata la firma del dicho certificado, de tal manera de estirar el tiempo de confeccion de la correspondiente factura y, por ende, los plazos de pagos.
En definitiva, trampas como estas están en todas partes. El enredado burocrático del Estado y las grandes empresas hace que muchas veces caigamos en sus garras y no nos sea posible escaparnos. Al fin y al cabo, trabajo no abunda y si debemos trabajar para una empresa mal pagadora, no nos queda otra que aceptar sus propias reglas.
Aqui le dejamos un video con todas las pautas del la Ley de Morosidad
